La crisis financiera de
2008 se desató debido al colapso de la burbuja inmobiliaria y afectó de
manera decidida a dos sectores principalmente, al sector financiero y al sector
inmobiliario. Pero lo importante de estas situaciones es la respuesta que se da
y qué medidas se adoptan para minimizar los efectos de las crisis.
Habría que recordar que
entre enero y mayo de 2012 la prima de riesgo española escaló hasta los 550
puntos y ante la incapacidad del Gobierno de Rajoy de dar respuesta y atajar el
problema, la Troika tomó las riendas de la situación. El 9 de junio de 2012
España pide el rescate, congela las pensiones, recorta la prestación por
desempleo, ajusta la plantilla de sanidad y educación, suspende la tasa de reposición
de funcionarios y aprueba la mayor subida de impuestos de la historia reciente.
Tras las valoraciones,
la cifra que se pidió al mecanismo de rescate bancario ascendió a los 41.333
millones. Millones que fueron a parar a la banca, dejando abandonados a su
suerte a trabajadores, autónomos, empresas, pensionistas y personas
vulnerables. España tardó 12 años en recuperar los datos de afiliación previos
a la crisis.
Ante el dramático
panorama, la falta de acción, la angustia de los españoles y los casos de
corrupción que salpicaban al gobierno de M.Rajoy, sale adelante la primera moción de
censura de nuestro país y la situación cambió radicalmente, aún a pesar de las
muchas dificultades.
Nada más constituirse el
primer gobierno de coalición de nuestra historia reciente, el SARS-CoV2 se
extiende rápidamente por todo el mundo, provocando una Pandemia, miles de
muertos diarios y una rapidez de contagio alarmante, que conlleva que los
países, entre ellos España, decreten Estados de Alarma, paralizando en seco toda
la actividad mundial. Pero la respuesta que se da a la crisis, por parte del
gobierno progresista de Pedro Sánchez, es totalmente opuesta a la planteada por
el anterior gobierno de derechas.
Se ponen en marcha los
ERTEs, se exonera a las empresas del pago de cotizaciones, se concede a los
autónomos la prestación extraordinaria por cese de actividad, se habilitan
líneas ICO de liquidez y se crea el Ingreso Mínimo Vital. Es esfuerzo del
gobierno de España ha sido brutal y Andalucía ha sido de las comunidades más
protegidas.
Desde el comienzo de la
pandemia se ha protegido bajo el paragua de los ERTEs a un total de 576.000 trabajadores andaluces por un
importe acumulado de 2.279 millones de euros, se han concedido 549.231 prestaciones
a autónomos andaluces por importe acumulado 1.500 millones de euros y 351.713 andaluces
perciben el IMV con un gasto acumulado de 1.028 millones de euros. A lo que hay
que sumar los cerca de 10.000 millones de euros que Andalucía ha recibido de
los fondos europeos, conseguidos por Pedro Sánchez, a pesar de las trabas que
puso el partido popular. Es esta ocasión, en tan
sólo 14 meses se recuperaron los niveles de afiliación previos a la pandemia.
¿Y que ha hecho Moreno
Bonilla? Mejor que no hubiera hecho nada. Despidió a 8.000 profesionales
sanitarios y potenció la sanidad privada; en educación aumentó la ratio de
alumno por clase y recortó 2.500 plazas; más de 36.000 andaluces han fallecido
en 2021 pendientes de resolución de la dependencia; en empleo prometió 600.000
puestos de trabajo y tenemos 6 puntos más de paro que la media nacional -1 de
cada 4 desempleados es andaluz-; tampoco ayuda a las personas vulnerables, el
gobierno de España protege a 134.000 andaluces con el IMV y la Junta de
Andalucía sólo abona 5.300 rentas mínimas andaluzas.
Podría seguir poniendo
muchos más datos comparativos, pero estos datos bastan para evidenciar que el
lobo se camufla bajo una piel de cordero. Y es que, aunque no notemos sus
bocados, ni sintamos sus rugidos, los lobos se acercan de manera sigilosa a su
presa, devaluando los sistemas públicos, creando corrientes de opinión
negativa, estimulando la incertidumbre y la inviabilidad de nuestros pilares públicos
del Estado del Bienestar y facilitando y potenciando la privatización de los
servicios.
Las cosas no suceden por
que sí, los derechos no se consiguen espontáneamente, las respuestas a los
problemas no son automáticas e iguales en todas las situaciones, las medidas
que se aplican tienen una finalidad -algunas a corto plazo y otras a largo-, el
modelo de país no es el mismo para todos los partidos, por eso el 19J tenemos la
oportunidad de elegir qué modelo queremos para Andalucía, si queremos un
gobierno que apueste por lo público o uno que nos aboque a la privatización; un
gobierno que proteja a sus ciudadanos ante situaciones de necesidad o uno que se
haga el sueco; un gobierno que apueste por la modernización de Andalucía o uno
que sólo busque confrontar con el Gobierno de España.
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